La vivienda, deja de ser un derecho: un cambio inevitable.




En los últimos años, hemos sido testigos de un cambio significativo en la forma en que se concibe el derecho a la vivienda. Históricamente, la vivienda ha sido considerada como un derecho fundamental, reconocido por la legislación nacional e internacional. Sin embargo, en los últimos tiempos, este derecho ha comenzado a verse amenazado y ha dejado de ser una prioridad para muchos gobiernos.

Uno de los factores que ha contribuido a este cambio es la creciente influencia del mercado en el sector inmobiliario. En muchas partes del mundo, la vivienda se ha convertido en una mercancía más, sujeta a las fluctuaciones del mercado y a la especulación. Los precios de la vivienda han aumentado exponencialmente, volviéndola inaccesible para gran parte de la población.

Además, la falta de regulación en el mercado inmobiliario ha permitido la proliferación de prácticas abusivas por parte de los propietarios y desarrolladores. El desalojo forzoso, los desahucios y el aumento indiscriminado de los alquileres se han convertido en una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo.




La crisis económica y financiera de los últimos años también ha desempeñado un papel importante en esta transformación. Muchas personas han perdido sus empleos y han visto reducidos sus ingresos, lo que dificulta aún más su acceso a una vivienda digna. Los recortes en los programas de vivienda por parte de los gobiernos también han contribuido a esta problemática.

Desde un punto de vista legal, este cambio en la concepción de la vivienda como un derecho se refleja en la falta de protección y garantías legales para los ciudadanos. Muchos países carecen de una legislación sólida que proteja el derecho a la vivienda y que impida prácticas abusivas por parte de los propietarios. Además, los mecanismos de protección existentes suelen ser insuficientes o ineficaces.

Es importante destacar que este cambio en la concepción de la vivienda como un derecho no es irreversible. A pesar de los desafíos actuales, existen movimientos sociales y organizaciones que luchan por restablecer y fortalecer este derecho fundamental. La presión ciudadana y la demanda de políticas públicas que promuevan un acceso justo y equitativo a la vivienda son fundamentales para revertir esta tendencia.

Derecho a la vivienda en la Constitución

El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución de muchos países como un derecho fundamental. La Constitución establece que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye el acceso a una vivienda adecuada y segura.

El derecho a la vivienda se considera esencial para garantizar la dignidad humana y el bienestar de las personas. Se entiende que una vivienda adecuada debe ser lo suficientemente amplia, estar en buenas condiciones de habitabilidad, disponer de servicios básicos como agua y electricidad, y estar ubicada en un lugar seguro y accesible.

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El Estado tiene la responsabilidad de promover y garantizar el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos. Esto implica adoptar políticas y medidas para asegurar que todas las personas tengan acceso a una vivienda adecuada, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Además, la Constitución establece que el derecho a la vivienda no puede ser objeto de especulación ni de discriminación. Todas las personas tienen derecho a acceder a una vivienda sin importar su origen, raza, religión, género o cualquier otra condición.

En algunos países, la Constitución también reconoce el derecho a la propiedad privada de la vivienda. Esto significa que una vez que una persona adquiere una vivienda, tiene el derecho a utilizarla y disfrutar de ella sin interferencias indebidas del Estado o de terceros.

ONU opina sobre vivienda

La ONU considera que la vivienda es un derecho fundamental y esencial para el bienestar de las personas. De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la vivienda.

La ONU ha establecido varios objetivos relacionados con la vivienda en su agenda de desarrollo sostenible. Uno de estos objetivos es garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible para todos, especialmente para los más vulnerables, como los pobres, los desplazados y las personas en situaciones de conflicto.

La ONU también ha destacado la importancia de la planificación urbana sostenible y la mejora de los asentamientos informales. La urbanización es un fenómeno global que requiere una atención especial para garantizar que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Además, la ONU ha señalado la necesidad de políticas y programas que promuevan la propiedad de la vivienda y el acceso a financiamiento adecuado para la vivienda. Esto implica la creación de marcos legales y regulatorios que faciliten la adquisición de viviendas y la protección de los derechos de los propietarios.

La ONU también ha destacado la importancia de la vivienda como un motor para el desarrollo económico y social. Una vivienda adecuada no solo proporciona un lugar seguro para vivir, sino que también puede tener un impacto positivo en la salud, la educación y el empleo.

Derecho a la vivienda: ¿Qué tipo de derecho es?

El derecho a la vivienda es un derecho humano reconocido internacionalmente que se refiere al derecho de todas las personas a tener acceso a una vivienda adecuada. Este derecho se encuentra consagrado en diversos tratados y declaraciones internacionales, así como en constituciones y leyes nacionales de muchos países.

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El derecho a la vivienda se considera un derecho económico, social y cultural debido a que está relacionado con el bienestar y la calidad de vida de las personas. Además, se encuentra estrechamente vinculado con otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, la alimentación, el agua potable, la educación y la no discriminación.

El derecho a la vivienda implica que todas las personas deben tener la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada, que sea segura, habitable, accesible, asequible, culturalmente adecuada y que proporcione privacidad. Además, este derecho implica que las personas no deben ser desalojadas de manera arbitraria o forzada de sus viviendas.

El reconocimiento del derecho a la vivienda implica la obligación de los Estados de adoptar medidas para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas, especialmente para aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, como los sin hogar, los refugiados, los desplazados internos, las personas con discapacidad y las personas en situación de pobreza.

Los Estados deben adoptar políticas y programas que promuevan la construcción y el acceso a viviendas adecuadas, así como medidas para prevenir los desalojos forzosos y proteger a las personas frente a la falta de vivienda. Además, los Estados deben tomar medidas para garantizar que las viviendas sean asequibles, incluyendo la regulación de los precios de alquiler y la promoción de la vivienda social.

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